sábado, 25 de noviembre de 2017

Reformas, votos y cambio social

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altLa crisis económica mundial de 2007, que dura ya 9 años, entierra la fantasía consumista en la que -a cambio de una dura explotación- se instaló buena parte de la población asalariada a partir del desarrollo económico de 1960 a 1980.

En la Transición Política, la entrada de la izquierda en el Estado sin preocuparse de evitar que el Estado entrara en ella, contribuyó al desencanto y la pérdida del sentimiento de clase en su base social y electoral. Al coexistir pacíficamente con el incumplimiento patronal de las leyes laborales, los sindicatos mayoritarios –correa de transmisión del PCE y el PSOE- contribuyeron al crecimiento de la precariedad, lo que aumentó la segmentación y las diferencias entre trabajador@s, socavando las bases de su propio poder sindical.

Al suscribir los Pactos de la Moncloa (1977) y el Acuerdo Nacional contra el Paro y la Crisis (1978), la izquierda política y sindical subordinó al beneficio privado la economía nacional y los derechos fundamentales de la población trabajadora consagrados en la reciente Constitución Española. Con ello, firmaron su seguro de vida como instituciones de la democracia de mercado y su certificado de defunción como movimientos participativos para la justicia, la libertad, la seguridad y el cambio social. Desde entonces, las reformas estructurales han servido para liquidar el modelo de relaciones laborales de la transición y redistribuir la riqueza de abajo a arriba sin que, hasta ahora, los perjudicados por estas políticas dejen de votar de forma significativa a los partidos que las promueven.

La crisis capitalista global estalla en despidos, recortes, guerras, migraciones forzosas, epidemias, sequías, inundaciones y pérdida de biodiversidad y de humanidad. Los ajustes económicos privatizan la protección de los derechos humanos pretendiendo que el afán de lucro garantiza mejor que las instituciones democráticas el empleo, las pensiones, la sanidad, la educación, la vivienda, el transporte y la energía. Esta mentira se sostiene por el sometimiento de los políticos a los mercaderes. Por eso, una medida democrática de primer orden consiste en realizar procedimientos sumarísimos políticos, sociales y jurídicos contra la arbitrariedad de los poderes públicos, lo que es imposible sin una fuerza social y política que avance desde fuera de los partidos minados por la corrupción.

La Comisión Europea exige, nuevamente, la aplicación de reformas aún más radicales que las que nos han conducido a la catástrofe actual. Estas políticas demuestran que la fórmula GLOBALIZACIÓN-EUROPA DEL CAPITAL-OTAN es incompatible con un orden social basado en   DERECHOS HUMANOS-DEMOCRACIA-PAZ.

Desconectar de la Europa del Capital, la Globalización, el Consumismo, la Contaminación y la Guerra exige hacer política firme sin dejarse domesticar, pero también flexible en las alianzas porque millones de trabajadores han roto –sólo parcialmente- con los partidos del capitalismo.

La reconstrucción de una izquierda honesta y transformadora exige a los movimientos populares emergentes administrar el espacio electoral enfrentándose al capitalismo violento e irracional que habitamos. Pero, sin olvidar que -en parte- nos habita.

 

Agustín Morán, CAES, abril de 2016


 

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