La tramitación de los procedimientos de desahucio, ya sea ejecución hipotecaria o desahucio en alquileres, ha aumentado con motivo de la crisis que sufrimos desde 2007. El número de familias que han perdido su alojamiento por motivos económicos asciende a centenares de miles, contándose, sólo en la Comunidad de Madrid, una media de 40 desahucios diarios, y en torno a 200 en todo el Estado.
Esta situación significa una quiebra sin paliativos de los principios del Estado Social y Democrático de Derecho que preside el ordenamiento jurídico (artículo 1 de la Constitución). Por un lado, la vulneración sistemática del derecho a la vivienda impide considerar a España un Estado Social. Por otro lado, el incumplimiento de las normas internas e internacionales sobre vivienda (art. 47 CE, Declaración Univ. ...
