miércoles, 24 de abril de 2019
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Nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecuciones hipotecarias a raíz de la sentencia del TJUE caso Sánchez Morcillo

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El pasado 6 de septiembre de 2014, ha entrado en vigor el Real Decreto Ley 11/2014 de medidas urgentes en materia concursal, que incorpora una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecuciones hipotecarias.

La reforma introducida permite al deudor hipotecario recurrir en apelación la decisión judicial sobre la existencia de cláusulas abusivas en su hipoteca. Quiere decirse que, en todo procedimiento, se tendrá derecho a una segunda instancia que revise la decisión del juez que tramita la ejecución.

Esta modificación afecta a los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso tanto aquellos en los que no se haya resuelto la oposición por cláusulas abusivas como aquellos en los que dicha oposición se haya desestimado, total o parcialmente. Sin embargo, la posibilidad de recurrir en apelación se reconoce siempre que la entidad financiera no haya dispuesto de la vivienda, bien por lanzamiento o entrega voluntaria.

Concretamente, para aquellas personas afectadas por ejecuciones hipotecarias que no pudieron recurrir por desestimación de cláusulas abusivas, se prevé un plazo preclusivo de un mes, a contar desde el 7 de septiembre y terminado el 7 de octubre de 2014, para presentar un recurso de apelación.

Este tipo de plazos preclusivos en los que los ciudadanos deben darse por notificados desde la publicación en el BOE sin que medie notificación procesal alguna, tal y como ocurrió con la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, comportan una seria agresión a los principios de seguridad jurídica y dan lugar a situaciones de indefensión sobre la parte más vulnerable, es decir, las personas ejecutadas, en los procesos hipotecarios de subasta de primera vivienda.

Esta reforma legal se produce como consecuencia de la Sentencia TJUE Sánchez Morcillo contra el BBVA de 17 de julio de 2014, Asunto C169/14, en la que se declara incompatible la legislación española con la normativa europea por el trato privilegiado que se otorga a entidades prestamistas en detrimento de los consumidores, en su condición de deudores ejecutados, con riesgo de perder un bien de primera necesidad como es la vivienda.

El Real Decreto Ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal, puede consultarse en el siguiente enlace.

 

 

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